SeƱales en medio del gradualismo

2017-08-28

Estaban todos tan pendientes de las elecciones que ni se quejaron. La medida tomó a los empresarios metalúrgicos por sorpresa: el viernes anterior a las primarias se enteraron por el Boletín Oficial de que el Gobierno había derogado una norma que, desde 2012, por decisión de Julio De Vido, instaba a las mineras a sustituir importaciones. El viejo texto, enmarcado en la resolución 13, obligaba a las compañías extractoras a confeccionar sus propios "departamentos de sustitución de importaciones", a presentar sus planes de compras 120 días antes y a esperar para hacerlas la aprobación de un ente creado a tales efectos, el Grupo de Trabajo de Evaluación Técnica Minera, que presidía el entonces secretario del área, Jorge Mayoral. La nueva medida, la resolución 120, firmada por el sucesor, Daniel Meilán, incluyó en el paquete otro cambio de alto contenido político: deroga también una resolución de espíritu similar, la 12, que obliga a las mineras a contratar transporte marítimo argentino, en cuyos confines mandaba hasta hace un año Omar "Caballo" Suárez, ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), con prisión preventiva desde diciembre por presunto desvío de fondos de la obra social del gremio a empresas del sector.

 
Suárez se quejó públicamente por última vez la semana pasada. En una declaración ante la Cámara I, con la salud desmejorada como consecuencia de un episodio comparable a un accidente cerebrovascular, protestó por las condiciones en que estaba detenido, dijo que temía morir en la cárcel, que era un preso político y que, finalmente, su captura no era más que un gesto de campaña de Gladys González, interventora del SOMU y candidata a senadora de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
 
La embestida contra Suárez es para el Gobierno una triple carambola. No sólo le da relieve a esa candidatura sino que ahora, con la derogación de las resoluciones, les baja los costos a las mineras y, por último, termina con una sospecha que tiene desde hace tiempo: como no hay en esa industria barcos de gran porte de fabricación argentina, algunos agentes de buenos vínculos con el sindicato hacían de intermediarios para contratar fletes extranjeros que registraban como nacionales a una tarifa de entre 500.000 y 600.000 dólares por buque, es decir, entre un 12 y un 15% del valor de la carga. Anteayer los planetas volvieron a alinearse: mientras el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenaba la detención de Mario Aníbal Morato, ex N° 2 de Suárez en el gremio, el Gobierno extendió por otros 180 días la intervención.
 
Los industriales quedaron metidos en medio de ese embrollo. La incómoda resolución, que depende en última instancia de Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, se sustenta en una auditoría que el macrismo había hecho en la ex cartera de De Vido apenas asumió. Ese texto dice que "no resulta posible identificar la eficacia" de la vieja normativa de compre nacional, que no se verifica "el grado de contribución a la profundización del proceso de sustitución de importaciones de bienes y servicios en la actividad minera" y que, para peor, no cumple de modo adecuado con "los procesos administrativos". Aclara, con todo, que sigue vigente la idea de incentivar proveedores locales mediante un mecanismo nuevo, que llama Plan de Participación de Industria Nacional.
 
Pero los metalúrgicos desconfían. Ayer, en un encuentro federal en Las Parejas, Santa Fe, ejecutivos de Adimra, la entidad que los nuclea, terminaron de darle forma a un reclamo oficial que planean enviar a varios ministerios. Con Aranguren no tienen diálogo, pero sí esperan una respuesta del ministro de Producción, Francisco Cabrera, y de un viejo conocido de todos ellos que conduce la Secretaría de Industria: Martín Etchegoyen, ex director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina.
 
Es imposible separar estas decisiones administrativas de un programa mucho más abarcador que Macri esconde cada vez menos: digan lo que digan en público sus funcionarios, hay un modo de hacer negocios que él identifica con "prebendas" y que pretende erradicar. Que estos conceptos partan desde diciembre de 2015 de la cabeza del heredero de Socma es para el establishment la más sorprendente de las ironías. Y el origen de cierta desconfianza que persiste entre viejos contratistas: hasta qué punto, se preguntan, su embestida contra la Argentina corporativa no terminará fundando un nuevo orden similar, igualmente dañino y con protagonistas distintos. Pero son dudas que la reaparición de Cristina Kirchner en escena interrumpió, porque nada será para la mayoría de ellos peor que un regreso del populismo. La diferencia entre populismo y corporativismo es que, en aquél, casi todos los empresarios están afuera.
 
Algunos de los últimos enfrentamientos públicos del Gobierno, como el que tiene desde esta semana con la CGT, suponen además un beneficio adicional. Ése fue uno de los temas de conversación anteayer en el Hotel Alvear, durante el Consejo de las Américas, donde perduraban los reverberos de la marcha a Plaza de Mayo y los despidos de Luis Scervino, superintendente de Salud, y Ezequiel Sabor, viceministro de Trabajo. Macri vio en ellos una sombra sindical. "La marcha me pareció totalmente inoportuna y sin fundamento", dijo allí José Urtubey, accionista de Celulosa.
 
Esta coincidencia de objetivos entre el Gobierno y la mayor parte de los empresarios se extenderá por lo menos hasta las elecciones. En algunos casos, preferencias electorales y plan de negocios pueden incluso significar casi lo mismo. Gas Natural, por ejemplo, subió a 50.000 por año las conexiones de redes de usuarios. El promedio era de entre 15.000 y 20.000 anuales en la última década.
 
Es cierto que el sector energético viene de la peor gestión de su historia y que no le costará demasiado estar de acuerdo con la Casa Rosada. Pero es probable que otras industrias recuperen las viejas dudas después de octubre. Entre ellas, cuán genuina será la fundación de lo que los macristas convencidos llaman "la Argentina que quiere cambiar". Y la más elemental: cuál es el país que el jefe del Estado considera viable y quiénes, en cambio, tendrán que cambiar de actividad. "Si yo fuera textil estaría preocupado", dijo a este diario un hombre de negocios de buena relación con el Presidente. Cada tanto, como pueden estar interpretando los metalúrgicos con la derogación del régimen de De Vido, el Gobierno envía señales a gremios y a empresarios en medio del gradualismo. Nadie espera que un Macri fortalecido después de octubre sea menos directo.

Fuente: www.lanacion.com.ar